La situación en Nicaragua cada vez es más preocupante para la libertad religiosa, las acciones del dictador Daniel Ortega siguen atacando los trabajos pastorales y asistenciales que realiza la Iglesia católica.
Ahora tocó el turno de Cáritas Nicaragua, organización de ayuda solidaria que asiste a los más necesitados en el país centroamericano.
El pasado 7 de marzo, se publicó en el diario oficial La Gaceta, el acuerdo ministerial 30-2023-OSFL del Ministerio de Gobernación, dirigido por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, que cancela la personalidad jurídica de Cáritas Jinotega y Cáritas Nicaragua.
El texto señala que “el 31 de enero del año dos mil veintitrés, mediante Acta No. 79 de Asamblea Extraordinaria de Miembros de Cáritas Nicaragua, acordaron la Disolución Voluntaria y liquidación de dicho organismo, por decisión unánime de sus miembros, solicitando Cáritas Nicaragua, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, la Cancelación de la Personalidad Jurídica por Disolución Voluntaria”.
Por ello, se procedió a la cancelación de la personalidad jurídica de Cáritas Nicaragua y se ordenó a la “Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, proceder a la cancelación del Registro y número perpetuo asignado a Cáritas Nicaragua”.
De acuerdo a medios nicaragüenses “las trabas interminables que la dictadura de Nicaragua impuso a Cáritas de Nicaragua y a la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega” forzó a que solicitaran su disolución.
Desde inicios de febrero, Cáritas Jinotega informó que tendría que cerrar, ya que el Ministerio de Gobernación le negó la autorización para recibir donaciones de otros organismos, esta institución ayudaba con comida para los más pobres, donaciones de muletas y prótesis, entregaba medicinas a bajo costo, entre muchas otras obras de caridad.
En 2019, Mons. Carlos Herrera Gutiérrez, Obispo de Jinotega y actual presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, denunció que el régimen había bloqueado el ingreso de donaciones internacionales, además de restricciones para realizar sus labores de orden social y pastoral.
Después de anunciar esta decisión, también se dio a conocer que la dictadura ordenaba disolver dos universidades.
Los centros de estudios confiscados fueron la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua.
El Ministerio de Gobernación les ordenó entregar al Consejo Nacional de Universidades la información de los estudiantes, matrículas y registros académicos.
La Universidad Juan Pablo II es una institución de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que funciona como centro de educación superior ofreciendo formación de pregrado, grado y posgrado. Y nació en 1993 como una iniciativa de Cáritas.
