La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció en contra de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorga un amparo a la asociación Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para proporcionar acompañamiento legal a las personas que quieran realizarse un aborto de manera consentida.
A través de un comunicado de prensa, los obispos de México consideraron que, en temas tan relevantes como el aborto, es preciso proceder con cuidado a la reflexión, al discernimiento y a la discusión social, pues de lo contrario se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho.
De la misma manera subrayaron que la interpretación forzada de los derechos humanos sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, es un retroceso jurídico y democrático.
Lamentan que la SCJN contribuya a la polarización
“Lamentamos que, en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia Suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social”, manifestó la CEM.
El episcopado nacional señaló que el aborto provocado, al ser despenalizado, normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana.
“Asimismo, la legalización del aborto desgasta los cimientos del Estado de derecho, distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”, precisó en el documento de tres cuartillas.
Lamentable institucionalizar la violencia contra el débil
El documento, por el Consejo de la Presidencia de la CEM, encabezado por monseñor Rogelio Cabrera López, afirma que junto al esfuerzo por velar en bien de la dignidad amenazada de la persona, la violencia sistemática ejercida en contra de las mujeres es deplorable y debe ser excluida de nuestra cultura, creando normas y leyes que para tal efecto sean verdaderamente justas.
En este tenor, aclara “a la opinión pública” que la sentencia de amparo no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población, ni representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus respectivos Códigos Penales.
“La violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación. Las soluciones que hoy tenemos que construir entre todos requieren ser máximamente inclusivas, solidarias y democráticas sin hacer prevalecer a una persona sobre otra. Sería lamentable institucionalizar la violencia contra el débil con la permisión de la ley”, concluye el comunicado emitido por la CEM.
Nota reproducida en Desde la fe
