“La paz es fruto de la justicia” se titula el mensaje de la Conferencia episcopal de Guatemala (CEG) en el que manifiestan su preocupación por “la actuación maliciosa” con la que algunos miembros de las Comisiones de Postulación, responsables de seleccionar a los aspirantes a cargos de magistratura de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, están “problematizando” la renovación de las mismas.
“Es notorio que magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia y representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), están alineados con grupos de poder y redes de corrupción e impunidad interesados en impedir que se elija e integren nuevas Cortes Suprema y de Apelaciones”, advierten los obispos.
Vulneración de la democracia
El próximo 13 de octubre se cumple el plazo para la renovación de las autoridades del sistema judicial de Guatemala para un período de 5 años. Sin embargo, los retrasos en el proceso de elección han levantado denuncias y polémicas por los intentos de los actuales magistrados de mantenerse en el poder “aplicando maniobras” – como declaró el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz – con la intención de impedir el cambio de magistrados y postergar el proceso. La comisión encargada de recibir los expedientes de todos candidatos, no ha avanzado en función de examinar y aprobar las postulaciones.
“Es nuestro deber advertir las consecuencias negativas y daños irreparables que los actos irresponsables de esos Comisionados pueden provocar: Interferencia en la división e independencia de Poderes, debilitamiento de la institucionalidad democrática, contravención del Estado de Derecho, vulneración de la democracia, movilización social de la población en defensa de la democracia, del sistema de justicia e independencia judicial”, subraya el mensaje de la CEG.
Maniobras inconstitucionales
En este contexto la CEG recuerda que la renovación de Cortes de Justicia es un mandato constitucional que debe cumplirse y “cualquier maniobra o subterfugio jurídico” para impedir el cambio de las mismas es inconstitucional”.
“Instamos a los Comisionados independientes a desestimar las maniobras dilatorias, avanzar en el desarrollo del trabajo sustantivo, cumplir con cronograma de actividades y en el plazo fijado en la ley, entregar al Congreso Nacional los listados correspondientes con nombres de los profesionales mejor calificados, propuestos como candidatos a dirigir las más altas Cortes de Justicia del país”- concluye la nota de la CEG, con el deseo de que prevalezca la paz y la armonía social y se logre la efectiva independencia del sistema de justicia.
Un proceso estancado y viciado
La elección de los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 200 jueces de salas de Apelaciones para el período 2024-2029, ha iniciado con fuertes polémicas que no sólo tienen que ver con dilaciones o intentos de impedir la renovación de las autoridades por parte de un grupo de magistrados que aspira a la reelección, sino también por el presunto apoyo a candidatos señalados de corrupción.
La Comisión de Postulación, integrada por cinco magistrados en funciones, los decanos de derecho de las universidades acreditadas en el país, así como por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala, no avanza en su objetivo de recibir, examinar, los expedientes de los candidatos, al punto que ni siquiera ha decidido dónde realizar sus sesiones. Mientras tanto, continúan los intentos por limitar el trabajo de periodistas, movimientos sociales y activistas que ponen en evidencia un sistema judicial caracterizado por la impunidad y el entorpecimiento de la justicia en el país centroamericano.
Nota reproducida en Vatican News
