Ante la delicada coyuntura que el pueblo guatemalteco atraviesa por cuenta del conflicto de poderes públicos: legislativo, judicial, ejecutivo y electoral, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) ha expresado su cercanía y solidaridad.
“Queremos expresarles nuestra cercanía y por su intermedio solidarizarnos con el pueblo guatemalteco que espera de sus dirigentes decisiones que garanticen la voluntad expresada en los legítimos procesos electorales”, han dicho.
Lo cierto es que en las últimas horas, los obispos de Guatemala han denunciado que el Ministerio Público “con apariencia de legalidad” ha confiscado las actas electorales de las elecciones presidenciales de agosto, lo que pone en riesgo los resultados que dieron como ganador a Bernardo Arévalo.
Diversos sectores sociales han convocado protestas y bloqueos –hasta un paro nacional – pidiendo la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras y otros funcionarios de este ministerio.
Por ahora, los Obispos del Celam piden orar por Guatemala para que “el Señor conceda la sabiduría necesaria para discernir los caminos que faciliten la escucha y se eviten situaciones de violencia que causen más dolor y sufrimiento”.
Piden la renuncia de la Fiscal
Este 9 de octubre, en un segundo comunicado, la Conferencia Episcopal de Guatemala ha pedido la intervención del actual presidente, Alejandro Giammattei, y cumpla “la responsabilidad que el mismo pueblo le ha confiado y que se explicita en los artículos 1 y 182 de la Constitución de la República”.
Demandan que el primer mandatario “se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle y pida la renuncia de la Fiscal General y jefe del Ministerio Público y que con ella renuncien sus colaboradores, ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos del proceso electoral”.
“A la señora Fiscal General y al Fiscal Especial y sus colaboradores, les pedimos que consideren que ha llegado el momento de demostrar con acciones otro modo de evidenciar sus responsabilidades ciudadanas: presentar su renuncia”, han señalado.
Puesto que “sus acciones han sido el detonante de la insatisfacción popular” y “la misma se mantendrá, con todos sus efectos negativos, hasta que el pueblo se dé cuenta de que sus peticiones han sido escuchadas”.
Artífices de paz
Los prelados apelan a la conciencia del Presidente de la República, de la Fiscal General y de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia para que “tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y social”.
“Sabemos que son decisiones muy difíciles, pero también sabemos que cuando morimos a nuestros intereses personales, seguimos el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo que nos pide siempre dar la vida por amor a los demás”, acotaron.
Toda vez que “pedimos al pueblo de Guatemala, a los líderes sociales y a los que tienen influencia en la vida social, que utilicen los medios legales que la misma Constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción, sin recurrir a la violencia ni a ejercer ningún tipo de presión que coarte la libertad que cada ciudadano guatemalteco tiene”.
Asimismo esperan que la visita de los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país “no sea una cortina de humo propiciada por el gobierno de Guatemala, que oculte lo que realmente estamos viviendo”.
Son peticiones que “nacen de una intención recta de cumplir con sinceridad la misión que tenemos de ser artífices de la paz”.
Nota reproducida en ADN Celam
