Luego de que la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) anunciara un paro armado indefinido en la subregión del San Juan, en Chocó, el obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional, al ELN y al EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) para que urgentemente entren en un diálogo y concertación civilizada.
“Entremos en diálogo, busquemos con los verdaderos sentimientos la paz y protejamos a nuestra población civil. Hago este llamado uniéndome a todos aquellos que de buena voluntad queremos caminar en la búsqueda de una paz sincera y duradera”, propuso.
La población de mayor afectación son los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales del sur de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, quienes se encuentran asediadas por la guerra, y sumado a ello, ahora el paro armado declarado por el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sacar a la población del conflicto
La Iglesia al unirse a este clamor de las comunidades, también hizo un llamado a las instituciones estatales, para que, de manera coordinada, adelanten acciones urgentes de prevención y protección, todas ellas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de la población civil en situación de riesgo o afectada.
El prelado en voz angustiosa, afirma que no se puede seguir sometiendo a la población civil a estos dolores de desplazamiento, confinamiento y hambre de los que están siendo víctimas por cuenta de este conflicto armado.
Distractores para la paz
Adicionalmente a esto, al ver que no hay claridad en los avances para reiniciar los diálogos entre las partes, advirtió que “hay muchos distractores, que nos hacen creer que vamos en búsqueda de la paz y quizás estamos es defendiendo es unos intereses propios”.
El jerarca, durante las últimas semanas no se ha cansado de pedir a los implicados se reanuden los diálogos de paz y entre en vigencia un nuevo cese al fuego, cuya vigencia concluyó el pasado 3 de agosto.
Crisis en cifras
Según reporte de la Defensoría del Pueblo, son un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, las que están en situación de confinamiento; 7500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria.
Nota reproducida en ADN Celam
