Un nuevo informe detalla los esfuerzos del Partido Comunista Chino (PCCh) para “ejercer un control total” sobre la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas dentro de sus fronteras y para “erradicar por la fuerza los elementos religiosos” que el partido considere contrarios a su programa político y normativo.
El análisis, publicado por la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) la semana pasada, afirma que la política de “sinización de la religión” del PCCh viola sistemáticamente el derecho internacionalmente protegido a la libertad de religión. El término sinización significa adaptar algo a la cultura china, pero la política esencialmente subordina las creencias a “la agenda política del PCCh y la visión marxista de la religión”, asegura el informe.
Según el informe, las autoridades chinas han ordenado la retirada de las cruces de las iglesias y han sustituido las imágenes de Cristo y de la Virgen María por imágenes del presidente Xi Jinping. También han censurado textos religiosos, han obligado a los miembros del clero a predicar la ideología del PCCh y han ordenado la exhibición de consignas del PCCh en las iglesias.
Para subordinar las religiones al partido, el gobierno obliga a los grupos religiosos a inscribirse en diversas “asociaciones religiosas patrióticas” y sus filiales locales. Para las iglesias católicas, esto significa inscribirse en la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en China, que oficialmente está bajo el control de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China y del Departamento de Trabajo del Frente Unido del PCCh.
Según el informe, todo aquel que practica una religión fuera de las asociaciones aprobadas por el Estado es considerado miembro de una “secta” y está sujeto a las disposiciones antisectas de la legislación china, una política que ha dado lugar a detenciones y encarcelamientos masivos. Las autoridades chinas han aplicado las disposiciones antisectas contra los católicos clandestinos que no reconocen la autoridad del clero respaldado por el gobierno y la distorsión de la fe.
El comisionado de la USCIRF, Asif Mahmood, dijo a CNA —agencia de noticias en inglés de EWTN News— que el PCCh considera que los católicos clandestinos son una amenaza porque no reconocen la supuesta autoridad del gobierno “para dictar la doctrina religiosa y regular los asuntos religiosos”.
“Si bien algunos católicos eligen practicar su culto legalmente dentro de la Asociación Patriótica Católica China controlada por el Estado, ciertamente no son libres ya que deben cumplir con los duros mecanismos de control e interferencia del PCCh”, afirmó Mahmood, quien fue designado para la USCIRF por el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Hakeem Jeffries.
“En última instancia, el gobierno chino sólo está interesado en inculcar una obediencia y una devoción inquebrantables al PCCh, su agenda política y su visión de la religión, no en proteger los derechos de libertad religiosa de los católicos”, explicó Mahmood.
El informe señala que el Vaticano firmó un acuerdo no revelado con el PCCh en 2018 que establecía la cooperación entre las autoridades de la Iglesia y los funcionarios chinos para el nombramiento de obispos. Sin embargo, el informe afirma que “el gobierno ha instalado unilateralmente obispos alineados con el PCCh sin la consulta y aprobación del Vaticano” a pesar de ese acuerdo.
“Las autoridades siguen haciendo desaparecer a líderes religiosos católicos clandestinos que rechazan a la Iglesia Católica controlada por el Estado, entre ellos el Obispo Peter Shao Zhumin y el Obispo Augustine Cui Tai”, señaló Mahmood. “El gobierno también se niega a revelar el paradero de líderes católicos que han estado desaparecidos durante décadas, como el Obispo James Su Zhimin”, añadió.
Nina Shea, directora del Centro para la Libertad Religiosa del Instituto Hudson y excomisionada de la USCIRF, comentó a CNA que el PCCh está “tratando de separar a la Iglesia Católica en China del Papa”.
“Los obispos católicos son blancos especiales debido a su papel esencial dentro de la Iglesia jerárquica para asegurar la comunión con el sucesor de San Pedro”, aseguró Shea. “Quienes se resisten [a la intrusión del gobierno] son puestos en detención indefinida sin el debido proceso, desterrados de sus sedes episcopales, puestos bajo investigación policial de seguridad indefinida, desaparecidos y/o impedidos de ejercer sus ministerios episcopales”, agregó.
Shea añadió que el acuerdo entre el Vaticano y China “no contempla la posibilidad de que los obispos se resistan a unirse a la asociación por razones de conciencia ni aborda la persecución religiosa”. Precisó que la persecución religiosa bajo el gobierno de Xi es “la más represiva para los católicos chinos desde la era de Mao”.
Los esfuerzos del PCCh por controlar la religión no se limitan a los católicos, sino que se extienden también a los protestantes, musulmanes, taoístas, budistas y seguidores de las religiones populares chinas. Las autoridades chinas también reprimen al nuevo movimiento religioso Falun Gong.
Uno de los ejemplos más flagrantes incluidos en el informe es el internamiento forzado de musulmanes uigures en campos de reeducación, donde deben jurar lealtad al PCCh y renunciar a su lengua, cultura y tradiciones religiosas. El informe se refiere a las acciones del gobierno como constitutivas de “genocidio y crímenes contra la humanidad” contra los musulmanes uigures.
El informe también señala ejemplos de reeducación forzada contra budistas tibetanos y de eliminación o alteración de textos e imágenes religiosas. Las autoridades chinas también han destruido o alterado estatuas y templos pertenecientes a budistas y taoístas chinos, han suprimido prácticas que se consideran contrarias a sus objetivos y han obligado a exhibir consignas del PCC.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
