A mediados de esta semana, la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un comunicado en el que analiza los indicadores obtenidos desde distintos “sectores del quehacer económico, político y social” del país más austral del continente americano.
Su diagnóstico es esencialmente sombrío y pesimista ante la “multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones”.
Los números
- Puestos de trabajo perdidos en Sector Construcción: 60.000
- Caída en comercios
- Ventas minoristas Pymes: 28,5% anual en enero
- Farmacias: -45,8%
- Alimentos y Bebidas: -37,1%
- Producción industrial Pyme: 30% interanual
- Caída capacidad de compra del salario promedio registrado: -21,3%
- Devaluación 100% en diciembre 23
- Caída salarios sector público: 25%
- Caída salarios sector privado: 19,3%
- Ajuste en Jubilaciones y Pensiones contributivas: -38,1% interanual
Un contexto muy preocupante
“Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado”, analizan en esta Comisión formada casi al 100% por laicos y laicas.
Sin embargo y pese a estos datos, en el “clima social general, se refleja un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas”.
Desde este texto se cuestiona duramente el “DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70/2023, llamado ‘Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina’, con modificaciones en más de 70 áreas, reguladas por leyes dictadas por el Congreso de la Nación y la Constitución, se encuentra plenamente vigente, siendo el soporte para un sinnúmero de medidas que han impactado directamente en las familias, particularmente en las de menores ingresos”.
Pacto de Mayo
En el inicio del Año Legislativo, el presidente Javier Milei invitó al “Pacto de Mayo”. Los invitados son gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos a los que se pide «deponer intereses» para el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba y que se firme «un nuevo contrato social» con 10 políticas de Estado, que estará sujeto a la aprobación de la Ley Bases y a un nuevo Pacto Fiscal. La CNJP considera que su “tramitación [del Pacto de Mayo] queda subordinada a la sanción previa de ciertas normativas por parte del Congreso. Entendemos que todo camino de diálogo es constructivo pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, entre los cuales deben estar todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales”.
La Comisión Nacional Justicia y Paz está formada por: Verónica Chicón, Myriam Andújar, Ayelén Tomassini, Martha Arriola, Juan José Sánchez, Laura Rennella, Rita Meza, Alfonso Santiago, José Urtubey, Pablo Comeglio, Susana Pachecoy, Pablo Narvaja, Mateo Schale, Juan Luis Díaz, Guillermo Valera, Alberto Vicenzi, Mariana Roel, Nicolás Palma, Humberto Podetti.
Nota reproducida en ADN Celam
