El portavoz de los obispos españoles, Mons. Francisco César García Magán, afirmó este viernes que la Cruz del Valle de los Caídos seguirá en pie pese a la “resignificación” del recinto pactada con la Santa Sede.
Durante la rueda de prensa al término de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el también Obispo Auxiliar de Toledo señaló, por otro lado, que la intención inicial declarada por el Gobierno de España incluía “la desacralización de la basílica y la salida de los benedictinos”, lo que se trasladó al Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, durante la visita que realizó el presidente Pedro Sánchez al Papa Francisco el pasado 11 de octubre.
A esto Mons. García Magán añadió que, sobre la mesa, estaba la cuestión “de la destrucción de la cruz que preside el conjunto monumental”, la más grande del mundo, “aunque estrictamente no fue propuesta del Gobierno”.
En una segunda reunión celebrada el pasado mes de febrero entre el Gobierno y la Santa Sede en la que participó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se habrían acordado varias líneas rojas trasladadas por los obispos: mantener el culto católico en la Basílica pontificia de la Santa Cruz, asegurar la presencia de la comunidad benedictina y respetar “los elementos religiosos situados fuera de la Basílica”, incluida la cruz.
El pacto, puntualizó Mons. García Magán, debe sustanciarse de manera formal “en un acuerdo que no está hecho”, pese a lo cual, el Gobierno ya ha puesto en marcha los trámites burocráticos para llevar a cabo su proyecto.
El portavoz expuso además que la CEE desconoce los plazos de ejecución ni en qué consistirá la “resignificación” del resto del recinto.
Líneas básicas de la “resignificación” del Valle de los Caídos
El Ministerio de Vivienda ha emitido una orden para poner en marcha un convenio “entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos” con el fin de reconfigurar el recinto, que ha sido recurrida por la Fundación de Abogados Cristianos.
Este departamento ministerial ha confirmado a ACI Prensa algunos detalles del concurso internacional de ideas para el proyecto de resignificación que, afirman, “cuenta con el aval del Vaticano”. Prueba de ello sería la inclusión de un representante de la Iglesia Católica en el jurado del concurso.
Según el departamento gubernamental, el proyecto de resignificación “ofrecerá una nueva mirada crítica e informada sobre la historia de nuestro país” que transformará el espacio en “un lugar de uso educativo, cultural y democrático”.
El proyecto prevé la construcción de un “centro de interpretación o museo” que se situaría en la explanada de acceso a la basílica pontificia, además de actuaciones desde este nuevo espacio “hasta el interior de la basílica” que, a su entender, “completen el proceso de resignificar con un relato inclusivo, respetuoso y acorde con los valores democráticos”.
El proceso de elección del proyecto se extenderá seis meses y se espera que “la licitación de las obras tenga lugar antes de finalizar el 2026”. El Gobierno prevé gastar 26 millones de euros en esta operación.
Respaldo “total y unánime” al Cardenal Cobo
Mons. García Magán también detalló que el asunto ha sido tratado durante la plenaria: “Se ha informado a los obispos y por supuesto, ha habido un refrendo total y unánime, sin ninguna voz discrepante” a la tarea realizada hasta el momento por el Cardenal José Cobo, designado como mediador.
Asimismo, el portavoz episcopal confirmó que para abordar este asunto se han mantenido conversaciones entre la CEE, el ex Nuncio Apostólico en España, Mons. Bernardito Auza, la comunidad benedictina que habita en el lugar y el Arzobispo de Madrid, Cardenal Cobo.
Exigen a los obispos defender el “carácter inviolable” del templo
Como ya ha informado ACI Prensa, se han producido en los últimos días varias movilizaciones de diferente cariz, a raíz de la filtración de las conversaciones entre la Santa Sede y el Gobierno y coincidiendo con la celebración de la Asamblea Plenaria de la CEE.
La última de ellas tuvo lugar este jueves a las puertas de la CEE, convocada por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). En ella se reclamó a los prelados “que no permanezcan en silencio o en actitud cómplice ante la pretensión del Gobierno”.
Además, se recordó que como templo, la basílica tiene “carácter inviolable” conforme a los acuerdos firmados por la Santa Sede y España en 1979: “Lo que allí se plantea es una profanación y, por tanto, lo único que cabe es ejercer la autoridad que les ha sido conferida para defender la integridad del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, como recinto de paz y de reconciliación entre todos los españoles”, se expresó en un comunicado.
Por otro lado, la ADVC defiende que “cualquier actuación del Gobierno en el interior de la basílica —obras, exhumaciones, inspecciones, eventos, etc.— requiere la autorización o al menos el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, habitualmente el abad o el ordinario del lugar, según los términos del Derecho Canónico”.
El portavoz de la CEE, en referencia a las diferentes protestas sucedidas en estos días, señaló que respeta el derecho de manifestación y añadió que en ellas ha participado “una realidad muy heterogénea” de personas con distintas “pertenencias eclesiales o extra eclesiales”.
Así, identificó que hubo quienes hablaron con los obispos, quienes rezaban o quienes fueron “a gritar, a insultar” incluso con “actitud un poco violenta” y realizando “calumnias e injurias”.
Nota reproducida en Aciprensa
