Expulsado del movimiento que él mismo creó. El caso de Luis Fernando Figari, fundador de la sociedad peruana de vida apostólica Sodalitium Christianae Vitae (SVC), más conocida como Sodalicio, que ya ha sido comisionada en el pasado por casos de abusos y mala gestión financiera por parte de su cúpula directiva, termina con una medida de la Santa Sede. Figari, en particular, está acusado de violencia física, psicológica y sexual, incluso contra menores.
Fue la Conferencia Episcopal Peruana la que hizo público el decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica que, de acuerdo con el canon 746 del Código de Derecho Canónico, establecía la expulsión de Figari de la realidad nacida en los años 70 y muy extendida en América Latina a través de estas comunidades, llamadas ‘sodálites’, compuestas por laicos y sacerdotes consagrados que viven juntos con votos perpetuos de celibato y obediencia. Durante años, el Sodalicio fue una de las realidades más activas en la evangelización en Sudamérica.
Las denuncias
Las primeras acusaciones de abusos surgieron a principios de la década de 2000 tras las denuncias de antiguos miembros y las investigaciones de los medios de comunicación; el caso estalló entonces en 2015 con la publicación de un libro que recogía los testimonios de las víctimas. El libro habla de abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de los líderes del movimiento y del propio fundador Figari.
El veto para regresar a Perú
En 2018, la Fiscalía peruana había solicitado la prisión preventiva de varios miembros y exmiembros de la organización, entre ellos Figari. Y el mismo Sodalicio había creado un grupo de investigación que, a través de un informe, identificó a los autores de estos delitos -luego apartados del movimiento- cometidos entre 1975 y 2002 contra unas 36 personas, entre ellas 19 menores de edad. Ese mismo año, Figari fue impedido por orden vaticana de regresar a su país «salvo por motivos muy graves y siempre con permiso escrito» del comisario designado tras la crisis, el obispo colombiano Noel Antonio Londoño Buitrago, prelado de Jericó (Antioquía), quien se erigió junto al cardenal estadounidense Joseph William Tobin, desde 2016 en el «delegado papal» para dirigir el gobierno de esta realidad eclesial y luego quedó como «referente» en particular para los temas económicos.
El veto al regreso a Perú estuvo motivado por el temor a que Figari pudiera “causar más daño contra las personas”, “ocultar y destruir pruebas en su contra” u “obstruir el curso de la justicia” eclesiástica y civil. Así se explicaba en una carta firmada por el cardenal Joao Braz de Aviz, prefecto de Vida Consagrada, publicada en junio de 2018 en respuesta a las acusaciones de los medios locales de que el Vaticano ‘protegería’ de alguna manera a Figari.
Los enviados del Papa
En julio de 2023, el Papa Francisco envió al país andino a dos examinadores especiales para “investigar, escuchar e informar” sobre el caso del Sodalicio de Vida Cristiana. Se trataba de los dos expertos que unos años antes habían realizado el mismo trabajo en Chile, profundamente sacudido por escándalos de abusos pasados y presentes: el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Nota reproducida en Vatican News
