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Francisco Porras

No es usual pensar en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión como un derecho humano vinculado al fortalecimiento de la sociedad civil organizada y la creación de capital social. Sin embargo, el ejercicio de la libertad religiosa a través de la conformación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y grupos de otro tipo juega un papel central en el fomento de la confianza interpersonal, la capacidad organizativa de la sociedad, y el ejercicio de la ciudadanía -definida de manera amplia-.

 

La libertad para plantearse preguntas fundamentales acerca de quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes, y cuáles nuestros fines da forma a la propia identidad y a las interacciones con los demás. El ejercicio efectivo del derecho a hacerse estas preguntas, y a adecuar el comportamiento individual y colectivo, en público y en privado, a las respuestas que se obtengan, sin más límite que el derecho de terceros y el bien común, es un factor importante en la conformación de los valores de la convivencia, la vida comunitaria, y la membresía a redes personales y organizacionales. En este sentido, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión juega un papel en la mejora de la calidad de nuestra democracia. Hasta qué punto este rol es remoto, en el sentido de que se trata de un pre-requisito para el ejercicio de la ciudadanía, o más inmediato, como un estímulo a la generación del capital social, es parte de la agenda de investigación futura a considerar. No obstante, la evidencia -anecdótica y más substantiva- sugiere que la libertad religiosa y el compromiso por la solución de los problemas sociales están correlacionadas.

 

Este argumento se desarrolla en este capítulo en tres partes principales. En la primera se recuerdan las múltiples dimensiones implicadas en el ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, argumentando que ésta protege de manera amplia a todas las personas, independientemente de que sean creyentes, agnósticas, ateas o indiferentes, practicantes o no. En este sentido, el ejercicio de la libertad religiosa se coloca de manera natural en el ámbito de la sociedad civil -particularmente la organizada-, más que en el de los gobiernos o los mercados. En la segunda sección se exploran las dimensiones sociales implícitas en la consolidación de la democracia. En esta parte se explica por qué una aproximación basada en la calidad de la democracia, más que en una visión minimalista-procedimental de ésta, permite identificar los posibles aportes de la libertad religiosa a la generación de valores de la convivencia, la vida comunitaria y la membresía a redes personales y organizacionales. Finalmente, en la tercera sección se propone una hipótesis de cómo la libertad religiosa en México es un factor en la consolidación del capital social, tan necesario para el ejercicio de una ciudadanía comprometida con las problemáticas del país.

 

Las múltiples dimensiones de la libertad religiosa

 

Para iniciar, es importante recordar que usar una aproximación amplia a la libertad religiosa es lo más adecuado para la consideración de los instrumentos legales internacionales y las múltiples dimensiones de la acción humana que están implícitas en su ejercicio. El enfoque amplio no implica que el uso de la categoría teórica, legal o jurisprudencial debe ensancharse para incluir libertades que antes no se consideraban parte de la libertad religiosa; ni tampoco que es necesario reducir el número de componentes lógicos de las definiciones (comprehensión) para que el término pueda ser aplicado a un mayor número de casos empíricos (extensión), aumentando así su ambigüedad y disminuyendo su utilidad.

 

El enfoque amplio mencionado aquí, más bien, trata de evitar dos prácticas más o menos usuales en el contexto mexicano que la reducen a la libertad de creencias y / o de culto, o que la identifican con el marco normativo existente. El enfoque estrecho tradicional equipara la libertad religiosa con la libertad de pensamiento o de creencias, reduciendo su ámbito al foro interno y considerando sus posibles efectos en términos de gobernabilidad y “paz social”, tolerancia, o en relación a la libertad de expresión. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por ejemplo, la única referencia relacionada con la libertad religiosa se encuentra en la línea de acción que busca “garantizar […] la libertad de creencia, como parte de la paz social”, la cual, a su vez, se encuentra enmarcada en la estrategia 1.1.4 “prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo”, de la meta nacional I “México en paz” (Gobierno de la República, 2013, p. 106). Al leer este documento normativo de planeación, que busca coordinar los recursos público-privados del país para el cumplimiento de cinco grandes metas nacionales, uno podría pensar que la libertad religiosa es considerada solamente como un instrumento para ayudar a que las diferentes creencias en una sociedad plural puedan convivir de manera armónica sin producir conflictos religiosos o sociales, o de ingobernabilidad. Esto sugiere, además del reduccionismo mencionado, un cierto pesimismo en la conceptualización de la naturaleza de la libertad religiosa y sus alcances.

 

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión implica también dimensiones del foro externo y manifestaciones colectivas y sociales que van más allá del culto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo reconoce de manera clara, como es bien sabido:

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, art. 18).

 

La definición legal, posterior a la existencia misma de la libertad religiosa, recoge algunas de sus dimensiones principales. Las más obvias son las relacionadas con las del fuero interno y las que tienen que ver con sus implicaciones públicas y colectivas. En este sentido, la libertad religiosa implica la libertad de conciencia en materia religiosa; la libertad de culto; la libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas; el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia o grupo religioso; el derecho a la educación religiosa, de los hijos, en primer lugar, pero también de la sociedad en su conjunto; el derecho a la asociación religiosa; y el derecho a la objeción de conciencia (Guerra, 2005, pp. 369-371). La libertad religiosa es multidimensional, y nunca es agotada del todo por las formulaciones legales.

 

En el fondo, este carácter inagotable, característico de los derechos humanos, es particularmente evidente en la libertad religiosa porque ésta reconoce dos atributos constitutivos de la persona humana. En primer lugar, la libertad (i.e. la capacidad de auto-determinación) del ser humano; y en segundo su sentido religioso, es decir, “la tensión estructural de toda la persona […] hacia el significado último y definitivo para la vida”. La libertad religiosa protege un derecho de “importancia antropológica”, ya que “custodia el núcleo más profundo y radical de cada ser humano” que es donde se buscan, y encuentran, las respuestas fundamentales para la vida (Guerra, 2012, p. 52). La propia conciencia es “el núcleo más secreto y sagrario del hombre” (Paulo VI, 1965a, n. 16), el lugar donde es posible la búsqueda de la verdad, independientemente de las circunstancias individuales, sociales, políticas o económicas de las personas. La conciencia debe estar libre, en todo momento y lugar, de la coacción o violencia de instituciones y actores gubernamentales y no-gubernamentales, para que así las proposiciones admitidas como verdaderas sólo sean aceptadas “por la fuerza de la misma verdad” (Paulo VI, 1965, n. 1), por su verosimilitud y la evidencia que las sostiene. Esto es indispensable para cumplir con la vocación humana, pues lo más propiamente humano se verifica en la posibilidad de enfrentar estas preguntas fundamentales con libertad, en un entorno que permita adecuar la propia conducta a la verdad encontrada sin miedo a sufrir represalias, sin más límite que los derechos de terceros y el bien común.

 

En efecto, como argumenta la Declaración Dignitatis Humanae, el corazón de la libertad religiosa consiste en la inmunidad

 

de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad […] de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos (Paulo VI, 1965, n. 2).

 

Las exigencias antropológicas de la libertad y el sentimiento religioso requieren el poder hacerse las preguntas fundamentales sobre el origen, fin y sentido último de la vida; que este planteamiento se realice en un entorno gubernamental y social que respete la propia conciencia, de manera que el discernimiento y búsqueda de las respuestas a estas preguntas básicas se realice sin coacción por parte de actores e instituciones estatales y no-estatales; que la vida personal y comunitaria pueda adecuarse a las respuestas encontradas, sin más límite que el derecho de terceros y el bien común; y que esta libertad sea reconocida, defendida y promovida como un derecho humano, tanto en las constituciones y en las leyes secundarias, como en la jurisprudencia, en las políticas públicas, programas gubernamentales y presupuestos públicos, en el discurso público, y en el entorno social.

 

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión protege con la misma intensidad los procesos individuales y colectivos, públicos y privados, de creyentes y no-creyentes, ateos, agnósticos e indiferentes, mediante los cuales se buscan las respuestas que definen nuestras identidades y las reglas de la convivencia comunitaria y social. Establecer quien soy, de dónde vengo y a dónde voy da forma a los valores, la información y las conductas esperadas de las interacciones con los demás. El derecho a la libertad religiosa “no prejuzga la verdad o el error en materia religiosa sino que protege la legítima búsqueda personal en estas materias, aun cuando ésta no tenga una conclusión teísta o asociada a alguna religión en particular”. En otras palabras, “el ser humano tiene el pleno derecho a buscar la verdad” (Guerra, 2012, p. 53), reconociendo que esta búsqueda usualmente toma la forma de procesos que toman tiempo y, en consecuencia, que deben ser protegidos; y cuyos resultados no siempre convergen ni son consistentes entre sí. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es la libertad de la sociedad para generar cosmovisiones, religiones y culturas, tan ricas, diversas y plurales como las sociedades mismas.

 

La pluralidad y el derecho de libre expresión de las ideas está ciertamente vinculada al ejercicio de la libertad religiosa. Sin embargo, son diferentes a ésta. Dado el hecho que, antropológicamente hablando, las preguntas que se aspira a responder definen la identidad y la convivencia, y en este sentido funcionan como micro-fundamentos de las decisiones individuales y sociales, la libertad religiosa tiene su raíz “en lo que es más profundamente humano”. El ámbito de esta libertad es “el más reservado de [la] autonomía de la persona” ya que le permite actuar “según el dictado de su conciencia”. La libertad religiosa es, así, el “parámetro de los demás derechos fundamentales” (Juan Pablo II, 1988, n.1).

 

La libertad religiosa es el fundamento de la libertad de expresión, no viceversa. Las cosmovisiones, creencias, ideas y credos propiamente religiosos no son simplemente un subconjunto dentro del conjunto de todo lo que se puede expresar; sino más bien constituyen el fundamento mismo del deber de respetar todo lo que se expresa, aunque no tenga carácter religioso. Gracias a que el hombre tiene el derecho de expresar sus respuestas a las preguntas fundamentales es que tiene derecho a expresar todo lo demás, dentro de los límites debidos.

 

En este sentido, el Estado laico es un requerimiento (no un obstáculo) de la libertad religiosa. El Estado, como conjunto de instituciones políticas y burocráticas con aspiraciones de soberanía, debe mantener una aproximación de neutralidad respecto de las diferentes manifestaciones de la libertad religiosa reconociendo, por otro lado, las riquezas que ésta aporta a la sociedad en su conjunto. La verdadera laicidad supone una actitud inicial de respeto hacia las dinámicas auto-organizadas, basadas en supuestos de igualdad ciudadana y valores de cooperación, que son propias de los derechos civiles de las personas y de la sociedad. La verdadera laicidad presupone una aproximación positiva respecto a la libertad religiosa; excluye la adopción o la promoción de alguna religión en particular por parte de las instituciones estatales-gubernamentales, pero también evita limitar o eliminar las legítimas manifestaciones de libertad religiosa que, desde este punto de vista, pertenecen a la esfera de la sociedad civil organizada.

 

Los Estados teocráticos y activamente ateos atentan por igual contra el equilibrio entre laicidad y libertad religiosa, dañando el entramado social que, históricamente hablando, siempre es anterior a la creación de los Estados-Nación. El Estado “debe ser laico pero la sociedad debe poder ser tan religiosa como sus integrantes deseen serlo” (Guerra, 2012, p. 54), entre otras razones, porque las sociedades son las que legitiman a los Estados y no viceversa.

 

La libertad religiosa, riqueza para la democracia

 

Hasta aquí se ha argumentado que la libertad religiosa es multidimensional y que lo mejor es abordarla desde una perspectiva amplia que no la equipare con la libertad de culto, la libertad de expresión o los textos legales mismos, reconociendo que sus implicaciones privadas, públicas y comunitarias están vinculadas con las preguntas fundamentales que el hombre se hace de sí mismo. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión defiende a todos los seres humanos por igual, porque todos deben ser protegidos en la búsqueda de respuestas a estas preguntas fundamentales.

 

La libertad religiosa, por otro lado, también es relevante en términos más sociológicos, ya que juega un papel en la calidad de la democracia. En un sentido remoto, el poder adecuar la propia conducta a las respuestas fundamentales, sin más límites que los ya señalados, configura escenarios sociales diferentes a aquellos en los que esto no es posible. Cuando la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se ve condicionada o imposibilitada se “priva a [los] ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desarrollo humano” (Benedicto XVI, 2009, n. 29). En efecto, el ejercicio de la libertad religiosa:

 

  1. Cuestiona que ésta debe ser definida en términos meramente individuales y privados, reconociendo las muy numerosas iniciativas basadas en las cosmovisiones, las creencias y la fe que hacen un aporte al bien común.

 

  1. Favorece el desarrollo de una conciencia cívica capaz de comprender que el espacio propio de las creencias y las religiones es la sociedad civil, desde la cual las personas, por su propia voluntad, individual y colectivamente, en público y en privado, pueden cooperar con los gobiernos y los mercados para la solución de problemáticas comunes.

 

  1. Posibilita que los diferentes aportes a la construcción de la ciudadanía se realicen desde los respectivos contextos culturales. Atentaríamos contra los valores básicos de la democracia si, por ejemplo, se argumentara que los miembros de un pueblo originario tienen derecho a participar en el debate público siempre y cuando renunciaran a su cosmovisión e identidad. Si, además, se establecieran leyes punitivas y se les sometiera al acoso de los medios de comunicación, todos estaríamos de acuerdo en que se estarían violentando sus derechos fundamentales. Este criterio, ilustrado con el caso extremo de la posible discriminación en contra de personas pertenecientes a pueblos indígenas, debe ser aplicado a todos. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión nos permite participar en la vida cívica y política sin tener que abandonar nuestras respectivas identidades, cosmovisiones, creencias y valores, siempre y cuando no atenten contra derechos de terceros (Porras y Traslosheros, 2012).

 

En este sentido remoto, la libertad religiosa es un requerimiento para el desarrollo y la consolidación de las identidades y las interacciones sociales, estableciendo los micro-fundamentos de las decisiones y los valores que definen las conductas esperadas en un entorno de pluralismo. Particularmente las Iglesias, las Religiones Monoteístas e Históricas, así como otros grupos religiosos de más reciente creación, pueden impulsar y consolidar micro-fundamentos y valores que fomenten la cooperación y desestimulen la desconfianza interpersonal. En efecto, el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de las últimas décadas han evidenciado el enorme potencial para converger y cooperar, independientemente de las diferencias y tensiones de carácter religioso.

 

Evidentemente, el conflicto interreligioso existe y es una dimensión importante de las problemáticas relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa. Sin embargo, en términos generales, la gran mayoría de las cosmovisiones, creencias, religiones y grupos religiosos aceptan la necesidad de cooperar entre distintos segmentos de la sociedad para atender sus problemáticas más complejas, como la pobreza y la exclusión social, las carencias en el ejercicio de los derechos sociales, y la migración, entre muchos otros. Las verdades últimas acerca de la naturaleza del hombre y la sociedad son herramientas poderosas para estimular nuestras capacidades para cooperar. Así, por ejemplo, la aceptación acrítica de la desconfianza a los demás y la búsqueda del propio beneficio pueden cuestionarse desde la obligación de amar a nuestros semejantes (Mc, 12:31). El amor implica un esfuerzo por el reconocimiento de los argumentos y recursos del(a) otro(a), construyendo junto con él(ella) soluciones a problemas comunes (Porras, 2014).

 

Una sociedad donde se vive la libertad religiosa como un recurso del bien común fomenta la convergencia y la cooperación de una manera más eficaz que una en donde la libertad religiosa está restringida, no solamente porque en la primera se reconocen, defienden y promueven los derechos humanos, sino también porque las diferentes respuestas a las preguntas fundamentales aportan contenidos que enriquecen la convivencia. El Judaísmo, el Cristianismo -en todas sus denominaciones- y el Islam, así como otros grupos religiosos coinciden en la prohibición de hacer el mal, particularmente en la forma del asesinato, proponiendo que el criterio debe ser tratar al(a) otro(a) como uno(a) mismo(a) quisiera ser tratado(a); en las obligaciones para los padres, los mayores o los ancestros; en las obligaciones para los(as) hijos(as) y la posteridad; en la misericordia y magnanimidad, particularmente con los pobres, los excluidos y los más vulnerables; en la regulación de la conducta sexual; y en la necesidad de conducirse con honestidad y veracidad, entre muchas otras cosas (Lewis, 2014, 42-49). Estos contenidos, en general, aportan valores individuales y sociales que se convierten en criterios de decisión (micro-fundamentos) y que, al menos teóricamente, configuran conductas esperadas que son diferentes a las que habría en una sociedad hipotética en la que se propusieran otros valores como referencia; o en las que se prohibiera que dichos valores fueran definidos de manera auto-organizada por la sociedad civil.

 

En efecto, dado que las manifestaciones públicas y colectivas de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión son, desde esta perspectiva, el resultado de la acumulación de miles, si no es que de millones de respuestas individuales a las preguntas fundamentales, las tendencias emergentes deben ser vistas como parte de la auto-organización de la sociedad. Auto-organización que es diferente a las dinámicas jerárquicas que se dan en las burocracias, pero también distintas al mercado que busca satisfacer las preferencias de una manera competitiva. Esto no trata de desconocer las dinámicas sociales que son propias a las identidades religiosas, ni tampoco los intercambios jerárquicos que se dan en las religiones. Simplemente se está argumentando que el substrato último de las religiones se encuentra en la creencia personal. En consecuencia, en estricto sentido las relaciones Iglesias-Estado y el Derecho Eclesiástico de Estado son un desarrollo posterior a la libertad religiosa, que siempre es un derecho de las personas.

 

Por estas razones, es indispensable que las Iglesias y distintas religiones y grupos religiosos, se conviertan ellos mismos en los principales promotores de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, colocando su ámbito propio de acción en la sociedad organizada, y respetando escrupulosamente la conciencia de sus fieles y de las demás personas. La verdad se propone, esperando que la atracción que ella misma despierta en las personas sea la única razón por la que sea aceptada.

 

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión puede aportar de manera remota a la consolidación de la democracia al proponer valores y conductas esperadas que son el resultado de procesos de búsqueda / respuesta personal, introduciendo dinámicas plurales en el sistema sociopolítico. Sin embargo, de manera más cercana, la libertad religiosa también juega un papel importante al estimular la creación de capital social y, en esa medida, aporta riquezas a la mejora de la calidad de la democracia.

 

Ciertamente es posible definir a la democracia de una manera minimalista-procedimental a la manera de Dahl (1989). De acuerdo con este autor, la poliarquía democrática se mantiene cuando los tomadores de decisiones son a) funcionarios públicos elegidos en b) elecciones libres e imparciales, con un sistema basado en el c) sufragio inclusivo de todos los ciudadanos y d) el derecho a ser electo a posiciones de toma de decisiones. Adicionalmente se requiere e) la libertad de expresión, f) la variedad de fuentes de información y g) la autonomía asociativa (tanto cívica como política). Sin embargo, el consenso parece estar moviéndose hacia concepciones más amplias de la democracia basadas en su calidad, al estilo de lo propuesto por Morlino (2011), en las que ésta es conceptualizada como un milieu.

 

Desde esta perspectiva, la democracia tiene como principal función “redistribuir el poder para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos” cívicos, políticos y sociales (PNUD / OEA, 2010, 29). Un sistema que, en teoría, cumpliera con los requisitos procedimentales mínimos pero que, por otro lado, no produjera resultados de buen gobierno y el ejercicio de los derechos humanos sería una democracia de baja calidad. La discusión ha llegado, incluso, a cuestionar la práctica usual de incluir a todos los países en los diversos índices actualmente existentes asumiendo un enfoque de continuum, como si la democracia fuera un asunto más bien cuantitativo. En los casos en los que los índices asignan bajo valor numérico a los atributos analizados, ¿es posible argumentar que la democracia no existe? ¿Es posible una verdadera democracia cuando los derechos humanos no se ejercen?

 

El Informe país del Instituto Nacional Electoral argumenta que la ciudadanía en México

 

atraviesa por un complejo proceso de construcción que se caracteriza por la desconfianza entre las personas y de éstas hacia la autoridad, especialmente en las instituciones de procuración de justicia; por la desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas, y por el desencanto con los resultados que ha tenido la democracia (INE, 2015, 11).

 

La hipótesis ciertamente parece implicar que la mejora en la calidad de la democracia requiere el mantenimiento de redes de participación ciudadana (i.e. redes cívico-políticas) que vayan más allá de la familia, el vecindario y las organizaciones religiosas. La “desvinculación” mencionada es parte de un diagnóstico en el que también figuran la desconfianza interpersonal e institucional, así como el “desencanto” con los resultados de la democracia.

 

De acuerdo con el Informe, 20.9% de los ciudadanos son miembros activos o han pertenecido a organizaciones de  carácter religioso, lo que está por encima de todos los demás tipos de organizaciones (asociaciones de padres de familia, organizaciones deportivas, partidos políticos, sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones culturales, asociaciones vecinales, asociaciones de voluntariado o beneficencia, asociaciones profesionales, organizaciones ambientalistas y organizaciones para la defensa de los derechos humanos) (INE, 2015, 34). El presupuesto de que las redes familiares, vecinales y religiosas no son propiamente redes de participación ciudadana o de organización social, ya que no incursionan en actividades propias al ejercicio de los derechos cívicos, políticos y sociales, puede ser controvertido. De acuerdo con la definición clásica de Putnam, Leonardi y Nanetti (1993), el capital social es el conjunto de lineamientos de la organización social que abarcan la confianza, las normas y las redes de asociación cívica. Si, en sentido amplio, se considera que las redes y organizaciones de apoyo familiar y de amigos, las vecinales y los grupos religiosos se establecen en base a la confianza entre sus miembros; las normas de interacción basadas en la igualdad, su carácter voluntario y cooperativo; y su naturaleza cívica, es decir, su intención de incidir / involucrarse en asuntos que competen a la ciudad, al ejercicio de los derechos individuales para participar en la solución de los problemas que afectan a uno(a), es evidente que no todas pueden ser clasificadas como ejemplos de capital social. Sin embargo, también es evidente que algunas de ellas pueden cumplir con los atributos propios de la sociedad organizada cuando son capaces de desarrollar dinámicas que van más allá de los intereses propios de las redes.

 

En efecto, una característica de lo cívico es poder trascender los intereses de la red misma para involucrarse con asuntos que competen a la comunidad en su conjunto, o al menos tener la intención de plantear los intereses propios en relación a bienes comunes. Una red de amigos per se no puede catalogarse como manifestación de capital social; pero cuando ésta se convierte en la estructura usada para, por ejemplo, llevar víveres a las víctimas de desastres naturales, puede ser vista como sociedad civil organizada. Lo mismo sucede con las redes y grupos religiosos que son capaces de organizar manifestaciones públicas a favor de temas específicos, incluyendo las reformas legales en torno a la definición del matrimonio, o la protección de la vida. En ellas se mantienen, y desarrollan, interacciones de confianza basadas en el presupuesto de que los(las) miembros de la red comparten una cosmovisión o creencia sobre alguna pregunta fundamental; la reciprocidad entre iguales, ya que se espera que todos(as) los(las) miembros aporten recursos al cumplimiento del objetivo común acordado; y la cooperación, ya que se presupone que los(las) miembros de la red pueden posponer, o incluso abandonar, la búsqueda de la optimización de la propia utilidad con tal de obtener el bien común. La confianza, la reciprocidad y la cooperación son atributos del capital social que permiten la organización de la sociedad civil (Durston, 2002). En la medida en que estos bienes públicos se reconocen, fomentan y protegen, se hace una contribución a la calidad de la democracia, impulsando la vinculación entre los procedimientos electorales y el ejercicio de los derechos humanos; entre la democracia procedimental y los buenos resultados en el gobierno.

 

Libertad religiosa y capital social en México

 

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión permite que los diferentes grupos religiosos se organicen, desarrollando las implicaciones colectivas y públicas de las cosmovisiones o creencias personales. Estos grupos y redes, por otro lado, pueden jugar un papel importante en la creación y mantenimiento del capital social en la medida en que se involucran en asuntos que competen al bien común, yendo más allá de sus intereses particulares. Las organizaciones religiosas hacen un aporte remoto al milieu democrático al ayudar al establecimiento de valores, creencias y conductas esperadas en un entorno de pluralismo, pero también impulsan a la sociedad civil organizada de una manera más inmediata cuando se involucran en asuntos propios de los derechos cívicos, políticos y sociales.

 

En el caso de México, la evidencia anecdótica, pero también otra más robusta, sugiere que la libertad religiosa ha jugado un papel importante en el desarrollo de capital social. Por otro lado, esto debe ponderarse en un contexto donde (tanto en términos relativos como absolutos) el capital social se mantiene en niveles bajos y con dificultades considerables para impulsar una cultura cívica de mayor confianza interpersonal e institucional.

 

Si bien es cierto que según el INE cerca de una quinta parte de la población adulta pertenece o ha pertenecido a una organización religiosa, este porcentaje se reduce a 10.81% cuando se considera a los(as) miembros activos(as) solamente (INE, 2015, 34). Por otro lado, otras fuentes muestran una imagen aún más pesimista reportando apenas 5% de participación en algún tipo de OSC. Si se considera solamente el universo de este cinco por ciento, los(las) informantes reportaron 34% de participación en grupos de la Iglesia (en este caso particular la católica), por encima de grupos vecinales (15%), asociaciones de padres de familia (15%), y asociaciones de desarrollo social (10%) (IMDOSOC, 2013, 2). 70% de las personas que participan en OSC lo hacen aportando tiempo (5 de cada 10, hasta 10 horas por mes; 3 hasta 25 horas; y 2 lo hacen 30 horas o más al mes). 25% de las personas que son miembros de OSC participan aportando dinero o donativos en especie, pero dentro de límites más bien modestos, ya que 6 de cada 10 aportan 200 pesos o su equivalente al mes (IMDOSOC, 2013, 2). Muy interesantemente, los católicos reportan haber realizado acciones cívicas o de ayuda social en niveles iguales o muy similares a los promedios nacionales, y por debajo de los no católicos (ver tabla 1).

 

Tabla 1. En el último año usted ha participado o no en alguna de las siguientes acciones. Respuestas de los que dijeron “sí”. Porcentajes.

 

Acción Total Católicos No católicos
Detenerse a ayudar a alguien que está teniendo un problema 39 39 48
Denunciar una fuga de agua 32 31 36
Hacer donaciones en situaciones de desastres naturales 28 29 43
Hacer donaciones a un orfanato o asilo para ancianos 18 17 25
Cuidar a alguna persona enferma que no sea su familiar 16 16 24
Colaborar en obras comunitarias, como pintar las calles o banquetas 15 15 22

Fuente: IMDOSOC, 2013, 3.

 

La tabla 1 señala algunas actividades cooperativas sobre las que se construye el capital social y que, ciertamente, son más amplias que la pertenencia a las OSC. Aunque casi la mitad de los no católicos han ayudado a alguna persona en el último año, esto no implica que todos(as) pertenezcan o hayan pertenecido a una organización en el último año. La tabla, sin embargo, ilustra la baja intensidad de las actividades cooperativas, las cuales son centrales para el mantenimiento del capital social.

 

En lo que respecta a la Iglesia Católica en México, las OSC generadas a lo largo de la historia son un referente central en la atención de necesidades sociales usando recursos no-gubernamentales. Evidentemente, las instituciones de ayuda social tan características de la Iglesia no son solo el resultado de la acción de sus ministros de culto, sino también de otros recursos, actores e instituciones no-gubernamentales que cooperan para su fundación y mantenimiento. En este sentido, el número y tipo de OSC de la Iglesia se pueden considerar como variables proxy que indican la existencia de redes de cooperación ciudadana, sin excluir las redes público-privadas. Hacia 2011, la Iglesia poseía o administraba en el país 272 hospitales, 1,661 dispensarios, 10 leprosarios, 385 asilos para personas de la tercera edad, enfermos(as) crónicos(as) y personas con discapacidades físicas o mentales; 249 hospicios y casas para huérfanos(as); 115 guarderías; 2,085 consultorios matrimoniales; y 2,141 centros para la educación y re-educación social (Secretaria Status, 2013, 358). A éstos se le tienen que añadir las casas para migrantes que las diferentes diócesis, organizaciones y universidades católicas mantienen en todo el territorio.

 

La existencia de OSC que tienen incidencia directa en asuntos de interés público, acompañadas por redes de diversos tipos –incluyendo seguramente las de apoyo familiar, las vecinales y las de grupos religiosos-, es indicativo de capital social. El ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión entre miembros de la Iglesia Católica ha dado estos frutos, los cuales son un aporte real al entorno democrático y la calidad del ejercicio de la ciudanía. En la medida en que se reconozca y estudie esta correlación será posible establecer de manera más específica las dinámicas y mecanismos por los cuales la libertad religiosa y el capital social se refuerzan mutuamente. El presupuesto de que un ejercicio fortalecido de la libertad religiosa posibilitaría tener recursos que, eventualmente, permitirían el incremento de OSC debe ser analizada y, en su caso, probada en diferentes contextos.

 

Sin embargo, quizá sea posible hacer dos observaciones finales respecto a la relación entre la libertad religiosa y el capital social relevantes para el caso de México. La primera es que en la medida en que el ejercicio de la libertad religiosa se incorpore a la cultura cívica del país como un verdadero derecho humano, se facilitará evidenciar cómo este ejercicio hace aportes a la pluralidad democrática del país y la solución de sus problemas. Más allá de reconocer que las Iglesias y grupos religiosos mantienen OSC que atienden problemáticas sociales, la libertad religiosa debe ser vista como el origen y fundamento del compromiso social con los más desfavorecidos. Sin las cosmovisiones y creencias religiosas, que muchas veces son excluidas de manera sistemática del discurso público, no se tendrían tampoco los correspondientes frutos de organización social. Son las dos caras de una misma moneda.

 

La segunda es que, particularmente en la Iglesia Católica, es necesario un esfuerzo por aprender a desplegar las múltiples dimensiones que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión puede aportar a la vida pública del país. Muy frecuentemente, las redes y organizaciones de corte religioso mantienen su acción primariamente enfocada a cuestiones intra-eclesiales, identificando las dimensiones públicas y colectivas de la libertad religiosa con la libertad de culto en los templos, y con la libertad de expresión y manifestación en las calles. Sin embargo, es importante dar el paso hacia asuntos propiamente cívicos, evidenciando cómo la fe puede hacer un aporte al bien de la sociedad en su conjunto. Si uno considera específicamente la riqueza que implica la creencia en la hermandad de todos, las obras de caridad, y la misericordia, es evidente que la sociedad entera se beneficiaría si se llevaran a la práctica. Las Iglesias y grupos religiosos deben volverse expertos en libertad religiosa, empezando por el requerimiento de librar a sus miembros, y a los que no lo son, de las posibles violencias en contra de la búsqueda de las respuestas a las preguntas fundamentales. La verdad solamente se debe ser aceptada por la fuerza de su evidencia.

 

Referencias

 

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Nueva York: Naciones Unidas.

 

Benedicto XVI (2009). Carta Encíclica Caritas in Veritate sobre el Desarrollo Humano Integral en la Caridad y la Verdad. En http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

 

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its Critics. Yale: Yale University Press.

 

Durston, J. (2002). El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural: diadas, equipos, puentes y escaleras. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.

 

Gobierno de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México: Gobierno de la República.

 

Guerra, R. (2005). “Libertad religiosa: una agenda pendiente en México. Elementos para promover una revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad religiosa y algunas reflexiones críticas sobre la Ley Reglamentaria y el Reglamento en esta materia”. Ponencia en el Foro Visión Cristiana de la Democracia: hacia una Pluralidad Plena. LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo, Ciudad de México (7 de abril).

 

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